La UTN declaró la Emergencia Social y Microfinanciera

Santa Fe, 07 de octubre de 2026

VISTO la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, el Decreto Nº 879/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, y la convocatoria unificada a la Marcha Federal Universitaria; y

CONSIDERANDO:

Que, la educación pública no es un gasto ni un privilegio: es el derecho social y humano fundamental que permite a miles de jóvenes ser la primera generación universitaria de sus familias y construir un futuro digno y soberano en Argentina. Este derecho se asienta sobre el pacto constitucional de división de poderes y el sometimiento indeclinable de los gobernantes a la ley, base material de la legitimidad democrática. Sin embargo, hoy esa base está bajo ataque porque el Gobierno Nacional de Javier Milei decidió desobedecer de manera abierta y premeditada los marcos normativos vigentes sancionados por el Congreso de la Nación. En una democracia, ningún gobernante está por encima de la ley ni puede gobernar ignorando las decisiones del poder legislativo.

Que, bajo la excusa del déficit cero, se institucionalizó el congelamiento y desfinanciamiento de facto de la educación y el sistema científico-tecnológico. El Poder Ejecutivo quebrantó la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo —que fija un piso obligatorio del 6% del PBI—, provocando una contracción presupuestaria histórica del 30% al 32% real interanual en las universidades nacionales y un desplome superior al 40% en las partidas generales de educación y cultura. A esto se suma el tijeretazo y abandono de más del 80% en obras edilicias, programas de
conectividad (como Conectar Igualdad) e infraestructura escolar. La intencionalidad política quedó expuesta con el veto total a la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario (Decreto 879/2024): mientras el Gobierno adujo un riesgo al equilibrio fiscal, los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación demostraron que su impacto representaba apenas el 0,14% del PBI, demostrando que no se trata de falta de fondos, sino de una voluntad manifiesta de asfixiar la universidad pública y cercenar el ascenso social. En la misma línea, se violentó la Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia: se perforó el piso legal del 0,39% del PBI para hundirlo al 0,22%, paralizando proyectos estratégicos nacionales como el CAREM-25 y el RA-10 de la CNEA, podando a la mitad los ingresos a la Carrera del Investigador en el CONICET, recortando un 30% las becas doctorales y expulsando entre el 20% y el 30% del personal técnico en organismos clave como el INTA y el INTI.

Que, esta política no es un debate abstracto sobre números; impacta de forma devastadora y cotidiana en la vida real de quienes sostienen las aulas y los laboratorios. Con el derrumbe salarial real del 30% al 35%, la comunidad universitaria fue empujada a una asfixia microfinanciera crítica para cubrir alimentación, tarifas y servicios esenciales. Los relevamientos empíricos en la comunidad tecnológica (UTN) dan cuenta de esta gravedad: sobre un universo de 11.629 trabajadores, la deuda acumulada alcanza los CIENTO VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS CON 21/100 (125.000.000.000,21), y con SIETE MIL MILLONES CON 62/100 en mora crítica (7.000.000.000,62). El estrangulamiento golpea con mayor saña a los sectores con menores ingresos: el personal nodocente concentra el 65,9% del total de morosos, con una tasa de mora del 18,19% (frente al 2,71% en docentes). Esta brecha se profundiza dramáticamente en las provincias del interior y la Patagonia, donde la morosidad nodocente escala al 21,93% en Córdoba, 22,73% en Tucumán, 24,49% en La Rioja, 25,00% en Santa Cruz y 30,00% en Tierra del Fuego, afectando con especial dureza a las mujeres trabajadoras (7,75% de mora) y a los jóvenes menores de 25 años (13,77%). Frente al agotamiento del crédito bancario, las familias son empujadas a circuitos usurarios y tasas predatorias —donde las financieras de consumo registran un 51% de mora y las cadenas comerciales un 58%— para solventar gastos elementales de subsistencia.

Que, vaciar las universidades, ahogar los salarios de la clase trabajadora y desmantelar el sistema científico es violar el Estado de derecho, romper el pacto democrático y clausurar el futuro del país para transferir recursos a sectores concentrados. Defender la universidad pública, gratuita y de calidad, así como el salario y la ciencia soberana, es un mandato irrenunciable de cada estudiante, docente, nodocente, graduado y ciudadano: Presidente Milei, cumpla con la ley.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

DECLARA:

ARTÍCULO 1º.- Ratificar el derecho a la educación y el estado de derecho.

ARTÍCULO 2º.- Rechazar el desfinanciamiento de facto y la asfixia presupuestaria.

ARTÍCULO 3º.- Declarar en estado de Emergencia Social y Microfinanciera a la comunidad Universitaria Tecnológica.

ARTÍCULO 4º.- Defender la universidad pública, gratuita y de calidad, así como el salario y la ciencia soberana.

ARTÍCULO 5º.- Valorar la decisión del Juez Martín Cormick en declarar inconstitucional el Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 6º.- Convocar formalmente e invitar de manera masiva y contundente a toda la comunidad tecnológica -autoridades, docentes, nodocentes, investigadores, graduados y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional- y a la sociedad toda, a movilizarse en la Marcha Federal Universitaria el próximo jueves 15 de octubre, bajo la bandera histórica de que la salida es colectiva y nadie se salva solo.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DECLARACIÓN N° 2/2026